Hace casi un año y medio, fueron ellos quienes revelaron lo que sucedía en la cárcel de Villa Urquiza: allí, según estudios médicos, el 65% de los presos que estaban a su cargo consumía droga. Ahora, el objetivo de la sala II de la Cámara Penal es conocer cuál es la situación de los casi 900 reos que están alojados en la penitenciaría más importante de la provincia. "Es una situación que nos preocupa mucho, y siempre estuvimos pendientes de ella", le explicó a LA GACETA el presidente del tribunal, Emilio Herrera Molina. El vocal adelantó que iniciará gestiones para que el presidente de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, ordene que toda la población carcelaria sea sometida a estudios para averiguar cuántos consumen droga.
Además, el magistrado analiza la posibilidad de enviar oficios para que el Servicio Penitenciario adquiera un escáner (para examinar las pertenencias de quienes ingresan de visita o por otros motivos al presidio), y para que más psicólogos y psiquiatras formen parte del plantel permanente de Villa Urquiza.
Herrera Molina (que conforma la sala junto al vocal Alberto Piedrabuena) había ordenado en agosto de 2008 que los 114 reos a su cargo fueran sometidos a estudios de orina por especialistas de la secretaría de Prevención de Adicciones, a cargo de Alfredo Miroli. Así, se supo que más de la mitad había ingerido cocaína, marihuana, psicofármacos e incluso morfina. Los magistrados les enviaron copias del informe a la Justicia Federal; a la Corte Suprema; al ministro de Seguridad, Mario López Herrera; y al director de Institutos Penales, Roberto Guyot. Este fue el único que respondió el oficio, y sindicó a familiares de reclusos como responsables del ingreso de la droga a la cárcel. Sin embargo, durante una entrevista con LA GACETA, Herrera Molina y Piedrabuena dijeron que, extraoficialmente, varios reos habían señalado que los guardiacárceles eran responsables del narcotráfico. Esta hipótesis tomó fuerza recientemente, cuando dos internos le acercaron al camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas los nombres de dos empleados del servicio penitenciario que, según ellos, distribuyen droga en el penal. Además, según un informe efectuado en noviembre por la secretaría de Derechos Humanos, hubo guardias que declararon anónimamente que los estupefacientes circulaban con su anuencia.
El juez federal Mario Racedo investiga las denuncias que recibió Ruiz Vargas. "Se trata de una investigación compleja", dicen desde la Justicia Federal. Aún no hay imputados ni se citó a declarar a testigos.
Recientemente, el subdirector de la cárcel, Guillermo Snaider, aseveró que los presos se drogan cuando salen a la calle, debido a los beneficios extramuros que les otorga la Justicia. Sin embargo, entre octubre y noviembre, 22 reclusos fueron detenidos dentro de la cárcel con cocaína o marihuana en su poder. Incluso, uno de ellos está imputado de comercialización de estupefacientes por la Justicia Federal.
Para dilucidar la situación que se vive en el penal, Herrera Molina dialogará con Roldán Vázquez para ver si es viable que toda la población carcelaria sea sometida a estudios antidrogas. "En su momento, los jueces de la sala II nos ofrecimos a que se nos realice un estudio similar. No tenemos problema en hacerlo, pero sería importante que todas las autoridades también participen", dijo el magistrado. A la vez, aclaró: "no se trata de perseguir a los adictos, sino de recuperarlos, ya sean internos, guardiacárceles o lo que fuera". Otra de las medidas que tomará Herrera Molina será la de solicitar la compra de un escáner para controlar el acceso principal del penal, ubicado en calle México al 1.200. "Sin haber tenido contacto con el juez Ruiz Vargas, él realizó muchas medidas que nosotros habíamos pensado. Realmente es muy importante que se lleven a cabo estos trabajos; evidentemente, nuestros objetivos son los mismos: que se recupere a los adictos", expresó el magistrado.
Además, el magistrado analiza la posibilidad de enviar oficios para que el Servicio Penitenciario adquiera un escáner (para examinar las pertenencias de quienes ingresan de visita o por otros motivos al presidio), y para que más psicólogos y psiquiatras formen parte del plantel permanente de Villa Urquiza.
Herrera Molina (que conforma la sala junto al vocal Alberto Piedrabuena) había ordenado en agosto de 2008 que los 114 reos a su cargo fueran sometidos a estudios de orina por especialistas de la secretaría de Prevención de Adicciones, a cargo de Alfredo Miroli. Así, se supo que más de la mitad había ingerido cocaína, marihuana, psicofármacos e incluso morfina. Los magistrados les enviaron copias del informe a la Justicia Federal; a la Corte Suprema; al ministro de Seguridad, Mario López Herrera; y al director de Institutos Penales, Roberto Guyot. Este fue el único que respondió el oficio, y sindicó a familiares de reclusos como responsables del ingreso de la droga a la cárcel. Sin embargo, durante una entrevista con LA GACETA, Herrera Molina y Piedrabuena dijeron que, extraoficialmente, varios reos habían señalado que los guardiacárceles eran responsables del narcotráfico. Esta hipótesis tomó fuerza recientemente, cuando dos internos le acercaron al camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas los nombres de dos empleados del servicio penitenciario que, según ellos, distribuyen droga en el penal. Además, según un informe efectuado en noviembre por la secretaría de Derechos Humanos, hubo guardias que declararon anónimamente que los estupefacientes circulaban con su anuencia.
El juez federal Mario Racedo investiga las denuncias que recibió Ruiz Vargas. "Se trata de una investigación compleja", dicen desde la Justicia Federal. Aún no hay imputados ni se citó a declarar a testigos.
Recientemente, el subdirector de la cárcel, Guillermo Snaider, aseveró que los presos se drogan cuando salen a la calle, debido a los beneficios extramuros que les otorga la Justicia. Sin embargo, entre octubre y noviembre, 22 reclusos fueron detenidos dentro de la cárcel con cocaína o marihuana en su poder. Incluso, uno de ellos está imputado de comercialización de estupefacientes por la Justicia Federal.
Para dilucidar la situación que se vive en el penal, Herrera Molina dialogará con Roldán Vázquez para ver si es viable que toda la población carcelaria sea sometida a estudios antidrogas. "En su momento, los jueces de la sala II nos ofrecimos a que se nos realice un estudio similar. No tenemos problema en hacerlo, pero sería importante que todas las autoridades también participen", dijo el magistrado. A la vez, aclaró: "no se trata de perseguir a los adictos, sino de recuperarlos, ya sean internos, guardiacárceles o lo que fuera". Otra de las medidas que tomará Herrera Molina será la de solicitar la compra de un escáner para controlar el acceso principal del penal, ubicado en calle México al 1.200. "Sin haber tenido contacto con el juez Ruiz Vargas, él realizó muchas medidas que nosotros habíamos pensado. Realmente es muy importante que se lleven a cabo estos trabajos; evidentemente, nuestros objetivos son los mismos: que se recupere a los adictos", expresó el magistrado.